El Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de Febrero y la segunda oportunidad.

Elena Narváez Valdivia    Entre las reformas, muy numerosas y de orden social, que contiene el recientísimo RD Ley 1/2015, publicado tras importante fuego de artificio y al hilo de los éxitos que el Gobierno augura en el Debate sobre el Estado de la Nación, la más reseñable en relación con la persona natural empresario, autónomo o profesional es sin duda la que contiene la tan ansiada segunda oportunidad.

Se entiende por tal el establecimiento de fórmulas que permitan que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Ante esta situación, la regulación de la persona física, que respondía de sus deudas con sus bienes presentes y futuros, era claramente deficitaria respecto del principio de limitación de responsabilidad de la jurídica, con resultados injustamente desequilibrados.

En aras del tan ansiado equilibrio, el nuevo texto regula soluciones que permiten que el deudor persona física que ha liquidado su patrimonio en el proceso concursal, no permanezca indefinidamente vinculado a sus consecuencias, sino que pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes, con la previsión como contrapartida, en defensa del derecho de los acreedores, de la posibilidad de revocación de este beneficio en caso de mejora de fortuna.

La remisión de deuda será decidida por el juez únicamente si se trata de un deudor de buena fe, lo que se ha de deducir de su comportamiento – el concurso no ha de haber sido declarado culpable, ni el deudor condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, los derechos de los trabajadores o de falsedad en los diez años anteriores a la declaración de concurso – y del resultado del procedimiento:  se ha de haber satisfecho en la liquidación concursal la totalidad de los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados, y al menos el 25% de los créditos ordinarios. Alternativamente el deudor puede someterse a un plan de pagos que exonere la parte insatisfecha de los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión, con excepción de los créditos de derecho público y por alimentos,  y prevea la satisfacción de las deudas no exoneradas en los cinco años siguientes a la conclusión del concurso. Para evitar el uso abusivo de este beneficio, se condiciona a que el deudor no lo haya utilizado en los últimos diez años y  que en los últimos cuatro no haya rechazado ofertas de empleo adecuadas.

El equilibrio de derechos y la protección de los acreedores se logra mediante el mecanismo de la revocación del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, con recuperación de las acciones que tuvieran frente al deudor para hacer efectivos sus créditos, que podrá ser solicitada al juez por cualquier acreedor, cuando durante los cinco años siguientes a la concesión del beneficio el deudor hubiese incurrido en alguna de las circunstancias que hubiesen determinado la no existencia de buena fe, incumpliese la obligación de pago conforme al plan; o mejorase sustancialmente la situación económica, o se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

El pasivo quedará definitivamente exonerado si transcurridos cinco años desde la concesión del beneficio no se ha solicitado su revocación y si, aun no habiéndose cumplido en su totalidad el plan de pagos, el deudor ha destinado a su cumplimiento al menos la mitad de los ingresos inembargables percibidos durante esos cinco años.

No cabe duda de que la reforma genera mecanismos útiles para evitar la muerte civil de la persona física insolvente, dándole la oportunidad de recuperar con el pago razonable de su deuda y con manifestación de su buena disposición, de renacer a un nuevo escenario económico después del proceso concursal. Sin embargo, quedan fuera de la remisión los créditos de derecho público, que únicamente podrán ser fraccionados, en una nueva muestra de la utilización sólo parcial del mecanismo de la solidaridad del crédito sobre el que debiera más adecuadamente pilotar el sistema.

 

Elena Narváez Valdivia

Abogada. Socia Directora de Derecho de los Negocios

Daniel Pastor Abogados